Funcionarios denuncian demoras motivadas por razones políticas y enfrentamientos con el Ejecutivo municipal.
El Concejo Municipal de La Paz se ve envuelto en una polémica por el retraso en el pago de salarios a sus funcionarios, desencadenando tensiones políticas y protestas que han llegado a situaciones extremas.
Funcionarios del Concejo Municipal de La Paz se encuentran en medio de una polémica luego de denunciar el retraso en el pago de sus salarios correspondientes al mes de mayo. Según los afectados, esta demora estaría motivada por razones políticas, ya que la directiva actual del Concejo es opositora a la gestión del alcalde Iván Arias. Mientras tanto, el personal del Ejecutivo edil ya ha recibido sus remuneraciones de manera regular.

La tensión llegó a un punto álgido la semana pasada, cuando los funcionarios protestaron frente a la Autoridad Tributaria Municipal y reportaron enfrentamientos con empleados del Ejecutivo. En medio del caos, una trabajadora fue detenida por la Policía, acusada de robo por presuntamente tomar una cadena de acero destinada a la seguridad de las puertas de acceso. Aunque fue liberada tras ocho horas, enfrenta un proceso judicial en curso.

El conflicto subyacente se remonta a la elección de la nueva directiva del Concejo, encabezada por Lucio Quispe y Lourdes Chambilla, figuras que, a pesar de pertenecer al grupo del alcalde Arias, fueron elegidas con respaldo del MAS. El Ejecutivo impugnó esta designación a través de una acción de amparo, lo que culminó en un empate en el fallo emitido por la Sala Constitucional Cuarta el pasado 28 de mayo. La situación se ha congelado debido a la ausencia de uno de los vocales, quien se encuentra en el extranjero, y se espera que la documentación sea entregada al juez encargado este lunes.

Mientras persista la incertidumbre judicial, el funcionamiento del Concejo se ve comprometido, ya que el alcalde se niega a reconocer a la directiva electa. En medio de estas disputas, el concejal Javier Escalier acusó al alcalde de utilizar tácticas de represalia política contra los trabajadores y de faltar a la verdad al prometer el pago oportuno a todos los empleados. Por su parte, Arias ha anunciado planes de reestructuración administrativa que, según los denunciantes, podrían traducirse en la pérdida de hasta 2.500 empleos.

En respuesta a estas acusaciones, el secretario municipal de Planificación, Diego Chávez, negó rotundamente la posibilidad de una «masacre blanca» y afirmó que desde el inicio de 2021 se han logrado ahorros significativos al reducir la plantilla de personal de 9.500 a 6.247 empleados, así como disminuir el gasto salarial, principalmente eliminando cargos directivos con salarios superiores a los Bs 14.000.
El conflicto entre la directiva del Concejo y el alcalde Arias continúa sin resolverse, afectando el funcionamiento de la institución y poniendo en riesgo miles de empleos.