La grave situación en Cochabamba a raíz de los bloqueos ha llevado al Gobierno a pedir ayuda internacional para verificar la dimensión humanitaria del conflicto.
Los bloqueos en Cochabamba liderados por sectores afines a Evo Morales han sumido a la ciudad en una crisis sin precedentes, afectando la provisión de alimentos, medicinas y combustibles, y generando violencia que ha cobrado incluso vidas humanas.
Los bloqueos liderados por sectores afines al expresidente Evo Morales han mantenido a Cochabamba aislada del resto del país, generando una grave crisis que ha sido denunciada tanto por organizaciones de derechos humanos como por el Gobierno. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) emitió un comunicado en el que condena enérgicamente estas medidas de presión, señalándolas como actos coercitivos violentos que están afectando a la población civil, al personal médico y a las fuerzas del orden.

Hasta el día de ayer, se mantenían activos al menos 24 puntos de bloqueo en todo el país, 11 de ellos en Cochabamba, lo que ha impactado negativamente en el transporte de alimentos, medicinas y combustibles. Esta situación ha provocado un creciente desabastecimiento y ha exacerbado la crisis económica en medio de una inflación persistente.

En medio de este panorama, el ministro de Justicia, César Siles, anunció que el Gobierno ha iniciado gestiones para que misiones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) visiten el país con el fin de verificar la dimensión humanitaria de los bloqueos.

Lamentablemente, los bloqueos ya han cobrado la vida de al menos una persona. Un adulto mayor falleció tras caminar más de cinco kilómetros por rutas bloqueadas entre Oruro y Cochabamba, sin poder recibir auxilio a tiempo. Además, se han registrado enfrentamientos entre pobladores y bloqueadores en la ruta al valle alto cochabambino, con gasificaciones y detenciones de personas.

Ante estos hechos, el Ministerio Público y la Policía Boliviana ordenaron el repliegue temporal de los uniformados del trópico de Cochabamba debido a los conflictos que se han venido registrando desde la semana pasada. En este contexto, el Gobierno ha anunciado la presentación de una denuncia penal contra Evo Morales y varios dirigentes por presuntos delitos relacionados con la salud pública y la incitación a la violencia.

En un intento por restablecer la normalidad, las fuerzas del orden han desplegado un operativo conjunto con policías y militares para liberar las vías bloqueadas. Estos enfrentamientos han dejado un saldo de al menos 50 heridos. Mientras tanto, los simpatizantes de Evo Morales han radicalizado sus demandas, llegando al extremo de pedir la renuncia del presidente Luis Arce, de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y del cese de funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Ante la escalada de violencia y el desabastecimiento provocado por los bloqueos en Cochabamba, el Gobierno ha iniciado gestiones para recibir apoyo internacional y ha anunciado acciones legales contra los responsables de estos actos coercitivos.