La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la falta de protección estatal y vulneración de derechos fundamentales.
La CIDH ha puesto en el punto de mira la situación de los defensores ambientales en Bolivia, destacando la persecución judicial y la falta de mecanismos de protección por parte del Estado. La vulneración de derechos humanos y la desprotección del medio ambiente son aspectos clave en esta problemática.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó en audiencia pública la criminalización a defensoras y defensores ambientales en Bolivia, así como la falta de mecanismos de protección por parte del Estado para garantizar el ejercicio de protesta en concordancia con los estándares internacionales de Derechos Humanos. Durante la audiencia, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció la persecución judicial contra líderes comunitarios e indígenas que defienden el medio ambiente, señalando que esta situación vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y protesta, además de poner en riesgo el acceso a recursos naturales.

El relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Javier Palummo, destacó los relatos de defensores ambientales y líderes indígenas que evidencian la vulneración de derechos humanos, libertad de expresión y desprotección del medio ambiente. Se realizaron recomendaciones al Estado boliviano, representado por Héctor Arce Zaconeta, para abordar estas problemáticas y garantizar el respeto a los derechos de las comunidades afectadas.

Ruth Alípaz, líder indígena, mencionó casos de persecución penal a defensores ambientales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y otros lugares, resaltando la falta de consulta previa, libre e informada en proyectos extractivos. El abogado Róger Ibarra lamentó procesos judiciales infundados contra defensores de Tariquía y la falta de transparencia en las actuaciones de YPFB.

El comisionado Airf Bulkan recordó la importancia de priorizar los intereses de los pueblos indígenas frente a actividades extractivas, mientras que la comisionada Roberta Clarke cuestionó al Estado sobre la participación y protección de las comunidades indígenas en la planificación de proyectos. Por su parte, el Defensor del Pueblo alertó sobre la violencia y hostigamiento a defensores ambientales, así como la falta de cumplimiento de consultas previas y acceso a información transparente en temas ambientales.

A pesar de las recomendaciones de la CIDH y la Defensoría del Pueblo, el presidente del Consejo Permanente de Derechos Humanos de la OEA justificó el uso del derecho penal en situaciones de violencia extrema. En medio de estas tensiones, la exigencia de protección a defensores de derechos ambientales sigue siendo un punto clave en la agenda de derechos humanos en Bolivia.
A pesar de las recomendaciones de la CIDH y la Defensoría del Pueblo, la protección a defensores de derechos ambientales sigue siendo un desafío en Bolivia, donde la criminalización y la falta de garantías para la protesta pacífica son una realidad preocupante.