El regreso de Donald Trump ha impulsado el valor de las acciones de las empresas privadas que gestionan cárceles y centros de detención de migrantes indocumentados en EE.UU.
Las cárceles y centros de detención de migrantes indocumentados en Estados Unidos representan un lucrativo negocio en el que participan empresas privadas, a diferencia de otros países donde estas instituciones son administradas por agencias públicas. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha impulsado el valor de las acciones de dos gigantes del negocio carcelario: GEO Group y CoreCivic.
Las cárceles y centros de detención de migrantes indocumentados en Estados Unidos representan un lucrativo negocio en el que participan empresas privadas, a diferencia de otros países donde estas instituciones son administradas por agencias públicas. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha impulsado el valor de las acciones de dos gigantes del negocio carcelario: GEO Group y CoreCivic.
Estas empresas, que en 2024 reportaron ingresos de US$2.400 millones y US$2.000 millones respectivamente, prevén un crecimiento significativo con la llegada de la nueva administración Trump. Sus mayores accionistas incluyen fondos de inversión como BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs.
Geo Group y CoreCivic se encargan de gestionar prisiones y centros de detención para migrantes indocumentados, financiados con fondos públicos a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con la promesa de deportaciones masivas, la administración Trump busca ampliar la capacidad de estas instalaciones para albergar a un mayor número de detenidos.
Recientemente, Geo Group anunció la reapertura de Delaney Hall en Nueva Jersey, tras firmar un contrato de 15 años por un valor de US$1.000 millones. Por su parte, CoreCivic acordó reabrir el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas de Dilley, con capacidad para unas 2.400 camas.
Estos movimientos se dan en un contexto en el que la Casa Blanca busca intensificar las deportaciones de migrantes indocumentados, lo que requiere aumentar el número de camas disponibles para detener a los arrestados. La empresa privada desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que se espera que el Congreso apruebe un aumento en los recursos necesarios para llevar a cabo estas políticas.
Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre las condiciones en las que viven los detenidos en los centros de detención. Denuncias de falta de acceso a servicios médicos, mantenimiento deficiente de las instalaciones y abusos han surgido en varios centros. A pesar de esto, las empresas sostienen que cumplen con los estándares requeridos y ofrecen servicios de calidad a los detenidos.
En resumen, el negocio de las prisiones privadas en Estados Unidos, especialmente en el contexto de la detención de migrantes indocumentados, ha generado controversias en torno a las condiciones de los detenidos y el papel de las empresas en el sistema carcelario del país. La búsqueda de financiación para ampliar la capacidad de detención y cumplir con las políticas de deportación del gobierno actual es un tema clave que enfrenta la administración Trump.
En resumen, el negocio de las prisiones privadas en Estados Unidos, especialmente en el contexto de la detención de migrantes indocumentados, ha generado controversias en torno a las condiciones de los detenidos y el papel de las empresas en el sistema carcelario del país. La búsqueda de financiación para ampliar la capacidad de detención y cumplir con las políticas de deportación del gobierno actual es un tema clave que enfrenta la administración Trump.
